OMBUSGAY

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martes, 3 de mayo de 2011

SINDICALISTAS DE COLOMBIA TAMBIÉN TENEMOS UN COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES LGBTTI

SINDICALISTAS DE COLOMBIA TAMBIÉN TENEMOS UN COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES LGBTTI
Sindicalistas de Colombia, reconocidas y reconocidos en el mundo entero por la ardua lucha en defensa de los Derechos Humanos y en especial de nuestros derechos laborales, no podemos guardar silencio frente a las violaciones de los Derechos de trabajadoras y trabajadores LGBTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas, Transexuales e Intersexuales) en nuestro país.
El verdadero sindicalismo debe dilucidar nuevos escenarios en los cuales las trabajadoras y trabajadores LGBTTI de Colombia nos enfrentamos al menoscabo de nuestros Derechos. A diario nos exponemos a la discriminación, el acoso laboral y sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la subvaloración de nuestro trabajo, la humillación, la persecución, sanciones injustas basadas en criterios prohibidos por el Derecho Internacional, la pérdida de nuestros empleos y la dificultad para conseguir uno nuevo. La situación es tan dramática que incluso algunos sectores LGBTTI ni siquiera pueden acceder a la educación formal o informal para aspirar a un trabajo digno y estable.
Llegó el momento de luchar por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores LGBTTI. Sindicatos, ONG, familias y sociedad en general tenemos un compromiso pendiente con nuestras compañeras, compañeros, parientes, líderes y lideresas LGBTTI que también pertenecen al mundo del trabajo. En todos los sectores: Educación, Salud, Servicios Públicos, Administración Pública, Transporte e Infraestructura, Agropecuario, Ambiental, Financiero, Cultura y Deporte, Energético, Comunicaciones y demás, las trabajadoras y trabajadores LGBTTI de Colombia también aportamos a la construcción del País, por ello el Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar nuestros Derechos, las ARP también deben prevenir riesgos psicosociales a los que nos exponemos en el ámbito laboral y los Sindicatos no pueden ignorar la obligación de protegernos, pues también somos sindicalistas.
Usted compañera y compañero sindicalista puede apoyar nuestra justa lucha. La oportunidad está dada: La Corte Constitucional Colombiana seleccionó para revisión la acción de tutela interpuesta por el compañero Daniel Antonio Sastoque Coronado contra la Procuraduría General de la Nación por la violación de sus Derechos Fundamentales y la censura y discriminación del trabajo preventivo que adelantaba en materia de Derechos de la población LGBTTI en Colombia. Este caso es de especial relevancia porque puede generar un antecedente jurisprudencial que va mucho más allá del caso concreto de dicho servidor público:
1) En primer lugar para vindicar los Derechos de trabajadoras y trabajadores LGBTTI, especialmente en el sector público, y el derecho de tales trabajadoras y trabajadores al goce efectivo de los Derechos previstos en instrumentos internacionales de DDHH, incluidos los Convenios de la OIT y las Resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género adoptadas por la Asamblea de la OEA.
2) Para luchar contra la corrupción fijando límites en el uso del ius variandi y garantizando el acceso a la información. ¿De qué sirve que las entidades del Estado gasten millones en procesos de selección y capacitación, si las directivas so pretexto de las plantas globales incurren en violación de los Derechos de trabajadoras y trabajadores trasladándoles de sus cargos por motivos políticos e ideológicos? Los empleos del sector público no pueden seguir siendo el botín burocrático de las administraciones de turno, los méritos demostrados en los concursos públicos para proveer los cargos de carrera no pueden ser ignorados por las y los nominadores. En un Estado Social y Democrático de Derecho es inadmisible que se traslade a un servidor altamente cualificado de carrera administrativa para dar paso a cuotas políticas que no tienen experiencia ni formación específica para la adecuada prestación de los servicios. Es claro que los traslados fundados en la necesidad del servicio deben responder a estudios y análisis serios, considerar los perfiles del personal y en especial, dicha información no puede negarse pues no tiene ninguna reserva legal que impida conocer los reales motivos de las administraciones para mover las plantas de personal.
3) Porque es necesario el reconocimiento y protección de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del sector público conforme a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 53/144 de 1998, así como la Resolución 48/134 de 1993 del mismo órgano sobre Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos.
4) Para no olvidar la prohibición de la censura. No tiene ninguna presentación que las entidades públicas, en especial los órganos de control especializados en Derechos Humanos incurran en censura. El acceso a la información veraz e imparcial también es un Derecho Humano. Son muchos los casos en los que los Sindicatos, trabajadoras y trabajadores en general somos silenciadas y silenciados. Servidoras y servidores públicos tenemos derecho a recibir capacitación que nos permita cualificar nuestra gestión y fortalecer la prestación de nuestro servicio. Ninguna administración está facultada para censurar los contenidos de los procesos de capacitación, máxime cuando sus actuaciones inconstitucionales se basan en criterios sospechosos proscritos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como el sexo, la orientación de la sexualidad, la raza, la etnia, las creencias políticas o religiosas, la condición social o económica, etc.
5) Porque es necesario reiterar que Colombia es un Estado Laico y que las entidades públicas son independientes de cualquier organización o confesión religiosa.
Es importante su opinión ante la Corte Constitucional Colombiana. Pronúnciese directamente o a través de su Sindicato, escríbale en mayo, mes del trabajo, a la Dra. María Victoria Calle Correa, Magistrada Ponente. Referencia: Expediente T-2.921.097. Accionante: Daniel Antonio Sastoque Coronado. Accionada: Procuraduría General de la Nación. Fax: (57-1) 3366822 y (57-1) 3367582. Dirección de Correo: Calle 12 No. 7-65. Palacio de Justicia. Código Postal: 111711. Bogotá D.C. - Colombia.
No calle. El silencio es cómplice de la violación de Derechos Humanos. Compañeras y compañeros: ES HORA DE ACTUAR!
Bogotá D.C., Mayo de 2011
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